¿UN REPORTAJE PERIODÍSTICO PUEDE CONSTITUIR UNA PRUEBA JUDICIAL?
El martes 14 de enero del 2014 se llevó a cabo la
diligencia de visualización de un reportaje periodístico del programa “Cuarto
Poder” del canal 4 – América Televisión, presentado como supuesta prueba por la
Fiscalía, en el caso Soras, Exp. 00013-2013.
En la diligencia los abogados defensores formularon
oposición, rechazando que ese video propalado por el canal 4, propiedad del
grupo El Comercio, sea incorporado como medio de prueba al proceso, por ser una
prueba prohibida, porque se trata de un montaje periodístico donde se intercala
la teatralización y simulación de
supuestos hechos con algunos testimonios supuestamente de familiares pues no se
precisan sus nombres, ni se menciona el lugar ni la fecha en que los
periodistas se acercaron a entrevistar a los campesinos y pobladores
visualizados, pues sólo aparece la fecha de emisión del reportaje, el 4 de
noviembre 2012; por lo tanto, no hay certeza en el tiempo, ni en el lugar, ni
en la identidad de las personas que aparecen en las imágenes. Además que, en
ninguna parte del video se visualiza a alguien que incrimine a alguno de los
procesados. Además que en el video se confunden hechos ficticios con supuestos
hechos reales y en otros pasajes se observa personas que hablan pero no se les
pone el audio, lo que podría hacer pensar que dichos audios habrían sido
manipulados pues no podrían beneficiar a la defensa; todo ello viciaría la
prueba, pero lo principal es que este video es una prueba impertinente por lo
cual ha sido muy acertada la contundente oposición de la defensa de los
procesados, quienes resaltaron los fines políticos y mediáticos con que se hizo
dicho reportaje periodístico para causar conmoción en la opinión pública y que
pretende ser introducido como prueba por la Fiscalía ante la carencia de verdaderas
pruebas pues el caso Soras carece de fundamento legal y jurídico.
Ante esta contundente respuesta, a la Fiscalía solo le
quedó señalar que lo había introducido por el pasaje en el cual unos pobladores
aseguran que en el año 1983 solicitaron al Presidente de la República de ese
entonces, arquitecto Fernando Belaúnde Terry que pusieran una base de los
sinchis en su pueblo, planteando que había tomado dicho reportaje como “noticia
criminal”, lo cual es falso porque la denuncia del caso Soras es del año 2007,
hecha por una ONG de Derechos Humanos (ojo, antes del 4 de noviembre 2012) y
fue el 18 de setiembre 2012 que el procurador Julio Galindo, siguiendo los
mandatos del Premier Jiménez Mayor, pidió “se formalice denuncia penal contra
los integrantes del Comité Central..” para incorporar como acusados a los
dirigentes del PCP con el objetivo de desprestigiar al PCP y a la guerra
popular que este dirigió y de impedir la libertad de Osmán Morote Barrionuevo y
Margot Liendo Gil, quienes debían salir el 11 de junio del 2013.
El Estado a través de la Fiscalía y la Procuraduría
pretendieron pasar a un reportaje periodístico hecho con fines mediáticos y políticos,
como prueba judicial, pero lo que quedó evidenciado fue el verdadero objetivo
de desenvolver el caso Soras.
18 de enero 2014
