RESPUESTA AL INQUISIDOR GALINDO
El actual proceso judicial que se ha abierto contra los dirigentes del PCP por el caso Tarata no es más que una acción política del Estado enmarcada en su campaña de persecución contra los prisioneros políticos por haberse rebelado contra el sistema de opresión y explotación, es decir, por haber dirigido la guerra popular, el hecho político de mayor trascendencia de la historia del Perú que remeció los cimientos de un Estado que solo sirve a los explotadores.
A sabiendas de que ya les corresponde salir en libertad por cumplimiento de pena a los prisioneros políticos Osmán Morote y Margot Liendo, las clases dominantes han abierto un nuevo proceso. De esta manera, a través de su funcionario el procurador Julio Galindo, se viene señalando una serie de infundios contra la Jefatura del PCP y sus dirigentes, que es necesario responder:
Este funcionario, muy suelto de huesos, ha señalado: “Nuestro propósito es que se emita el auto apertorio de instrucción con mandato de detención porque eso es lo que legalmente corresponde”. Pretende revestir de “democrático” lo que es a todas luces una acción política de persecución, por cuanto los prisioneros políticos ya están condenados por el Estado, y a otros ya les corresponde su salida; sin embargo, con la apertura de este proceso se les niega lo que la misma ley establece, su libertad por cumplimiento de pena. Ese es el real propósito de este funcionario y de la prensa servil a los intereses de la gran burguesía y de las clases dominantes.
Guiado por su odio visceral contra el PCP y su Jefatura, este funcionario dice: "Todos merecen ser condenados por este hecho” Es decir, él ya condenó pasando por encima del mismo proceso, creyéndose juez y parte. ¿Qué de democrático tiene este inquisidor? Nada. El Presidente Gonzalo ya está condenado por haber dirigido la guerra popular, más aún siempre ha reconocido su responsabilidad principal en la dirección del PCP; sin embargo, el caso Tarata es tan solo el pretexto para atizar el odio contra los comunistas dentro de la campaña reaccionaria de persecución política por ideas, por plantear una solución política, amnistía general y reconciliación nacional, pues se pretende evitar a toda costa que los comunistas salgan en libertad, y no les interesa violar sus mismas leyes para conseguir sus objetivos.
Además el inquisidor dice: "En Sendero Luminoso nadie puede tomar acciones por su cuenta y riesgo, el Comité Central que presidía Guzmán tiene que haber ordenado acciones, por eso les corresponde la cadena perpetua como autores mediatos". Pura palabra sin fundamento. El PCP oficialmente ha planteado que su Dirección, el Comité Central, no dispuso la acción de Tarata, que ese hecho fue un error político y ha pedido disculpas a las víctimas. A eso se agrega que Osmán Morote y Margot Liendo, a quienes se busca aplicar la cadena perpetua, estaban detenidos desde 1988. Y no existe ni la más mínima prueba de que los dirigentes centrales hayan dispuesto esa acción. Más aún, el caso Tarata fue juzgado llegando la policía “a la conclusión de que el atentado fue planificado y ejecutado por los destacamentos especiales 12, 15 y 18 de la Dirección Zonal Centro del PCP-SL” y sus autores fueron sentenciados a cadena perpetua y otras drásticas penas en agosto del año 1998. Por tanto está clarísimo que el nuevo caso Tarata es parte del plan político de persecución al PCP para impedir libertades.
Pero ni Galindo ni nadie podrán negar los derechos fundamentales que la clase y el pueblo necesitan conquistar, así como sus beneficios y libertades. Eso es lo que realmente les preocupa a los reaccionarios, el avance del pueblo en la conquista de sus derechos. Los comunistas tarde o temprano saldrán en libertad, y ni la campaña reaccionaria ni los servidores del imperialismo podrán evitar que se haga realidad.
Febrero 2014
